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Ni más crecimiento económico, ni un Estado del bienestar reforzado, ni una reducción de la burocracia. El balance del Brexit, más de una década después del referéndum, desmonta buena parte de los argumentos que impulsaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lejos de consolidar una nueva etapa de prosperidad, el país ha entrado en una fase de debilidad estructural.
Uno de los principales pilares del discurso del ‘leave’ era la promesa de un mayor dinamismo económico. Sin embargo, la realidad muestra un PIB más bajo de lo esperado y una productividad estancada. La economía británica crece menos que antes, mientras el comercio exterior se ha resentido y los acuerdos con terceros países no han compensado la pérdida de acceso pleno al mercado europeo.
Tampoco se ha materializado el supuesto alivio administrativo. Al contrario, empresas y ciudadanos se enfrentan hoy a más trámites, controles y costes derivados de las nuevas barreras comerciales y de movilidad. Viajar, estudiar o trabajar entre el Reino Unido y la UE resulta más complejo, lo que ha reducido el flujo de estudiantes europeos y ha enfriado el atractivo del país.
En el ámbito social, el impacto también es evidente. El sistema sanitario público atraviesa una crisis de satisfacción ciudadana, y el deterioro de algunos servicios refuerza la percepción de pérdida de calidad de vida. A esto se suma otra de las grandes contradicciones: la inmigración no ha disminuido, sino que ha cambiado su composición, aumentando desde países no comunitarios.
En conjunto, el Brexit no ha devuelto el control prometido, sino que ha generado nuevas dependencias e incertidumbres. Y, en una paradoja significativa, las fuerzas políticas que promovieron la salida no han sido castigadas, sino que han ganado fuerza en un contexto de creciente descontento social.
El resultado es un país que, lejos de fortalecerse, se percibe hoy más aislado, menos competitivo y con un futuro más incierto del que se prometió.