España marca un récord histórico de afiliación laboral gracias a la regularización de personas migrantes
Rocío Benítez 
Fuente EFE
España ha superado por primera vez la barrera de los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, un máximo histórico que coincide con el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno, que ya ha permitido incorporar al mercado laboral formal a cerca de 262.500 personas. El dato desmonta buena parte del discurso que vincula la llegada de población migrante con una carga para el sistema, mostrando exactamente lo contrario: su aportación directa al sostenimiento del empleo y de la propia Seguridad Social.
El paro, por su parte, ha subido ligeramente en 19.500 personas, una cifra que las administraciones atribuyen a la estacionalidad propia de estas fechas y no a un cambio de tendencia en la creación de empleo. De hecho, el crecimiento sostenido de la afiliación en los últimos meses ha llevado a distintos organismos económicos a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año.
Colectivos de defensa de los derechos de las personas migrantes llevan tiempo señalando que la regularización no es solo una cuestión de justicia social, sino también una herramienta eficaz de política económica: saca a miles de trabajadores de la economía sumergida, mejora su acceso a derechos laborales básicos y amplía la base de cotizantes en un sistema de pensiones que necesita sostenerse con más aportaciones. Regularizar no es solo un acto de justicia hacia las personas migrantes: es también una inversión directa en la sostenibilidad del sistema de protección social de todos.
El contraste entre este dato macroeconómico y la crisis humanitaria que se vive estos días en la frontera de Ceuta resulta especialmente llamativo: mientras miles de personas arriesgan su vida para cruzar, la evidencia estadística confirma que su incorporación, cuando se hace con derechos, beneficia al conjunto de la sociedad.
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