La Junta de Andalucía traspasa a Vox la valoración de las víctimas de violencia machista
Rocío Benítez 
Fuente EFE
El Gobierno andaluz del PP, presidido por Juanma Moreno, ha cedido a Vox la gestión de las unidades encargadas de valorar el riesgo y la situación de las víctimas de violencia de género en la comunidad. La decisión sitúa al frente de un servicio esencial para la protección de mujeres a un partido que en 2019 pidió abiertamente «depurar» estas mismas unidades por, según sus propias palabras, un supuesto «sesgo ideológico». La medida ha generado una alarma inmediata entre asociaciones feministas y profesionales del ámbito social.
Las unidades de valoración integral son un engranaje clave del sistema de protección: son las que determinan, con criterios técnicos y multidisciplinares, el nivel de riesgo que corre una mujer y qué medidas de protección necesita. Entregar su gestión a la formación que ha cuestionado sistemáticamente la existencia misma de la violencia machista como categoría, y que ha promovido derogar leyes de protección en otras comunidades donde gobierna, genera dudas razonables sobre la continuidad e imparcialidad del servicio.
Desde el PSOE andaluz y organizaciones de mujeres se ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno de Moreno, al que acusan de «entregar las llaves» de una política pública sensible a cambio de mantener el apoyo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz. La cesión evidencia hasta qué punto los pactos de gobierno pueden condicionar servicios que deberían estar blindados frente a cualquier cálculo partidista.
La Junta, por su parte, ha defendido el reparto de competencias como algo «habitual» dentro de la coalición de gobierno y ha negado que suponga un riesgo para las víctimas. Sin embargo, el precedente de Vox en otras administraciones —donde ha impulsado la eliminación de concejalías de igualdad y el cuestionamiento de los puntos violeta— alimenta el temor a un progresivo desmantelamiento silencioso de las políticas de protección.
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