Vincenzo Gambaretto 
RODRIGO BUENDIA AFP
Ecuador vive una crisis de violencia real. Nadie puede negar el miedo en los barrios, la expansión del crimen organizado ni la necesidad de proteger a la población. Pero una democracia no se defiende debilitando derechos básicos.
Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la respuesta oficial ha girado cada vez más hacia la militarización, los estados de excepción y el lenguaje de guerra. El País informó esta semana que Noboa volvió a declarar el “conflicto armado interno” y amplió la protección legal para militares, policías y civiles que participen en operaciones de seguridad. La medida llegó apenas dos días después de un nuevo estado de excepción en diez provincias.
El problema no es buscar seguridad. El problema es construirla con menos controles. Human Rights Watch advirtió que las nuevas leyes impulsadas por Noboa ponen en riesgo derechos como la privacidad, el debido proceso y la rendición de cuentas por abusos de las fuerzas de seguridad. La organización alertó también de normas que permiten allanamientos sin orden judicial y flexibilizan límites al uso de la fuerza letal.
Las protestas sociales muestran el otro lado de esta estrategia. En 2025, tras la eliminación del subsidio al diésel, organizaciones indígenas y sociales salieron a las calles. Human Rights Watch señaló que, aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, la mayoría de protestas fueron pacíficas, y documentó uso excesivo de fuerza, despliegue militar, acusaciones de “terrorismo” y congelamiento de cuentas de líderes indígenas y ambientales.
Amnistía Internacional también denunció un deterioro de la situación de derechos humanos, con posibles detenciones arbitrarias, represión de protestas, investigaciones abusivas y ataques del Ejecutivo contra la Corte Constitucional.
Ecuador necesita seguridad. Pero también necesita jueces independientes, protesta social protegida, comunidades escuchadas y fuerzas públicas sometidas a control democrático.
Cuando el Estado promete orden a costa de libertades, quienes más pierden suelen ser los mismos de siempre: pueblos indígenas, barrios pobres, defensores ambientales, jóvenes detenidos y familias que solo pedían vivir con dignidad.
La seguridad sin derechos no es paz. Es miedo administrado desde arriba.
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