Un letrado denuncia ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático de lujo por parte del Gobierno de Ayuso
Rocío Benítez 
Vista del ático en el barrio de Chamberí que ha adquirido la empresa pública Planifica Madrid. Fuente EFE
El paseo del General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí, esconde desde hace meses una polémica que ya ha llegado a los tribunales. La adquisición con dinero público de un ático de casi 500 metros cuadrados mediante la empresa Planifica Madrid —entidad adscrita a la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso— ha sido formalmente denunciada ante el Tribunal de Cuentas por un letrado, al apreciar indicios de un presunto menoscabo de caudales públicos.
El abogado Javier Flores, que ya ha litigado contra otros excesos de la administración madrileña, sostiene en su denuncia que la operación se realizó «sin que conste ninguno de los documentos» que justificarían su finalidad pública. La vivienda, comprada en abril por un importe millonario, fue puesta a la venta apenas tres meses y medio después, sin haber llegado a utilizarse nunca. Es decir: el erario público asumió en solitario los costes de una operación de ida y vuelta que, según la denuncia, no reportó «utilidad alguna».
La lista de preguntas sin respuesta es larga: ¿hubo tasación previa del inmueble? ¿con qué fondos se pagó? ¿quién iba a ocuparlo, si se trataba de una vivienda ya alquilada a terceros? El Gobierno de Ayuso se ha negado hasta ahora a identificar a los responsables de la operación, mientras el PSOE reclama una sesión de urgencia en la Asamblea de Madrid y Más Madrid anuncia una segunda denuncia judicial.
Lo llamativo no es solo el gasto, sino el patrón: mientras la sanidad y la vivienda pública sufren recortes constantes en la región, la Comunidad encuentra fondos para comprar y revender áticos de lujo sin dar explicaciones. Es, una vez más, la desigualdad en el reparto del dinero público: austeridad para los servicios que sostienen a la mayoría social, manga ancha para operaciones opacas que no benefician a nadie salvo, quizá, a quien las diseñó.
El caso recuerda que la transparencia no es un favor que las administraciones conceden, sino una obligación democrática. Mientras no se abran los documentos de la compra, la sospecha seguirá creciendo: no es un simple error de gestión, sino otro síntoma de cómo se reparte el poder en la España de 2026.
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