Rocío Benítez 
Fuente EFE
Han pasado seis años desde que el rey emérito Juan Carlos I abandonara España, la madrugada del 3 de agosto de 2020, en un jet privado rumbo a Abu Dabi. Huía entonces de dos investigaciones penales paralelas, en Suiza y España, que le señalaban por irregularidades fiscales y presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Seis años después, el silencio sigue siendo su única respuesta.
Ni sus memorias, tituladas Reconciliación y publicadas en 2025, han servido para aclarar el origen de su fortuna. En sus páginas, el emérito se limitó a presentarse como víctima de «malas compañías» y de haber aceptado regalos que, admitió, «para algunos podrían parecer inapropiados». Cuentas sin declarar, fundaciones interpuestas y comisiones millonarias siguen sin explicación seis años después.
Todo comenzó en 2018, cuando salieron a la luz las conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y la empresaria Corinna Larsen, en las que esta le acusaba de usarla como testaferro para blanquear dinero y vinculaba fondos procedentes de Arabia Saudí con una supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca. Aquellas revelaciones abrieron la puerta a una investigación en Suiza que, aunque nunca llegó a imputarle formalmente, dejó al descubierto el entramado patrimonial de la Corona.
Mientras tanto, el antiguo jefe del Estado continúa viajando con normalidad entre Abu Dabi y España, visitando Sanxenxo para sus regatas de verano sin que ninguna institución le exija cuentas claras. Es la desigualdad ante la ley llevada a su máxima expresión: quien ocupó la jefatura del Estado durante casi cuatro décadas puede seguir disfrutando de una vida de privilegios pese a las sombras de corrupción que arrastra, mientras miles de ciudadanos anónimos afrontan la justicia por delitos incomparablemente menores.
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