Rocío Benítez 
Fuente EFE
El caso judicial contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, uno de los episodios de corrupción política más opacos de la última década, vuelve a moverse. El juez Rubén Rus, que instruye la causa desde un juzgado de Tarragona, ha decidido prorrogar la instrucción al considerar que la investigación es «sumamente compleja» y que apenas se ha avanzado desde que se levantó el secreto de sumario en junio de 2025.
La investigación sostiene que Montoro se valió de un despacho fundado por él mismo, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el propio Gobierno del que formaba parte, beneficiando a determinadas empresas gasistas. Desde entonces, solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, y de ellos, únicamente uno ha aceptado responder a las preguntas de la instrucción.
Las defensas de los investigados insisten en que la causa está «repleta de irregularidades» y confían en que el caso termine derivando a un juzgado de Madrid el próximo mes de septiembre, lo que en la práctica podría dilatar aún más una investigación que ya acumula años de retraso. Frente a esa estrategia, la fiscal encargada del caso ha sido tajante: no es una causa política, sino actuaciones graves de corrupción.
El caso Montoro es, en el fondo, un espejo de cómo funciona buena parte del poder en España: leyes diseñadas a medida de intereses privados, despachos de exministros que facturan a las mismas empresas que se benefician de sus reformas, y una maquinaria de impunidad que se activa cada vez que la justicia se acerca demasiado. Mientras la instrucción avanza a paso de tortuga, las preguntas de fondo siguen sin respuesta: ¿cuántas leyes se han escrito para proteger a unos pocos a costa de la mayoría?
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