
Imagen: elplural.com. El Solidario. Mazón prepara el asalto de À Punt Con 223 muertos, mañana se vota lo que se repartió en El Ventorro con Vilaplana.
El colectivo Iustitia Europa ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la decisión de inadmitir las querellas presentadas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la DANA que azotó la región en octubre de 2024, causando 223 muertos y miles de afectados.
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Iustitia Europa argumenta que su querella, dirigida exclusivamente contra Mazón, debe ser investigada por el TSJCV debido a su condición de aforado. El colectivo sostiene que existen indicios racionales de delitos como omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva y negligencia grave con resultado de muerte y lesiones.
Señalan la ausencia de medidas preventivas, la no activación del Plan Especial de Emergencias y la falta de coordinación durante la catástrofe como factores que agravaron las consecuencias de la DANA.
Falta de responsabilidad y omisión de socorro
La organización considera que remitir el caso a los juzgados de instrucción diluye la responsabilidad directa del presidente y retrasa el procedimiento. Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, enfatiza que «no se puede permitir que las autoridades públicas eludan sus responsabilidades, y más aún en tragedias tan lamentables».
Por su parte, otros denunciantes, incluyendo el sindicato CGT, han manifestado su intención de presentar querellas en los juzgados ordinarios para que se inicie la investigación sobre la gestión de la DANA.
El TSJCV había decidido previamente que fueran estos juzgados los que comenzaran las pesquisas y, en caso de encontrar indicios de criminalidad contra Mazón, elevaran el caso al tribunal superior.
La resolución de este recurso podría tener implicaciones significativas para el presidente Mazón, ya que una investigación formal podría derivar en responsabilidades penales y afectar su posición política.
Mientras tanto, las críticas por la gestión de la emergencia continúan, y se espera que las acciones legales definan el grado de responsabilidad de las autoridades durante la tragedia.
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