Exigen reformas para proteger a menores y garantizar tolerancia cero ante la violencia
En el Instituto Goya de Zaragoza, alumnas, familias y docentes se han unido en una movilización histórica. La indignación comenzó con la contratación de un profesor condenado por maltrato habitual a su exesposa e hijos. Las familias denuncian que esta situación contraviene los valores que deben promoverse en las aulas. Han elevado una queja al Justicia de Aragón, quien la trasladó al Defensor del Pueblo y al Gobierno de Aragón, exigiendo medidas legislativas que inhabiliten a maltratadores para trabajar con menores.
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La voz de las familias contra la violencia en las aulas
El pasado 21 de octubre, estudiantes protestaron durante el recreo y, semanas después, padres y madres se sumaron con una manifestación en la puerta del instituto. El caso pone en cuestión los filtros de selección de personal y evidencia vacíos legales. Actualmente, solo delitos sexuales están inhabilitados por la Ley Rhodes. Las familias reclaman extender esta restricción a los condenados por violencia de género o contra menores.
El Justicia de Aragón ha mostrado su apoyo, comprometiéndose a impulsar la discusión legislativa. Mientras tanto, el Defensor del Pueblo estudia admitir la queja a trámite. Las familias, con apoyo de plataformas como Docentes Decentes en las Aulas, buscan llevar su petición al Congreso.
Esta movilización no solo busca una solución puntual, sino establecer precedentes para que ningún menor esté expuesto a educadores con antecedentes de violencia. Con acciones como estas, la comunidad educativa trabaja para construir entornos seguros y libres de maltrato.
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