El acceso a la sanidad pública en España continúa siendo una asignatura pendiente para las personas trans, quienes enfrentan barreras estructurales y burocráticas que dificultan su acceso a tratamientos de reafirmación de género. Según datos recientes, dos de cada tres personas trans han tenido que recurrir al sistema privado para acceder a estos procedimientos debido a las largas listas de espera y la falta de recursos en el sector público.
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Las barreras sanitarias y la salud mental
Los retrasos, que en algunas comunidades superan los dos años, no solo dificultan el acceso a cirugías o tratamientos hormonales, sino que también afectan gravemente la salud mental de estas personas. La imposibilidad de acceder a servicios oportunos fomenta sentimientos de frustración y aumenta el riesgo de trastornos como ansiedad y depresión. Según el colectivo Chrysallis, los procesos de reafirmación de género deben abordarse desde un enfoque integral que incluya la salud física y emocional.
El sector privado, aunque una solución para algunas personas, impone un coste económico elevado. Procedimientos como la cirugía de reasignación de sexo pueden oscilar entre los 7.000 y 15.000 euros, una cifra prohibitiva para muchos. Este panorama perpetúa desigualdades económicas que marginan aún más a quienes no pueden asumir estos gastos.
La Ley Trans, que garantiza el acceso a tratamientos en el sistema público, enfrenta desafíos de implementación. Colectivos LGTBIQ+ reclaman más recursos para reducir las listas de espera y formación para el personal sanitario que elimine prejuicios y barreras de acceso. El acceso equitativo a la sanidad pública es fundamental para proteger los derechos humanos y fomentar la salud mental de las personas trans. En una sociedad que valora la igualdad, garantizar tratamientos inclusivos no es un lujo, sino una obligación. Como sociedad, debemos cuestionar un sistema que margina y trabajar hacia una sanidad verdaderamente inclusiva y accesible.
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