
Archivo/ELSOLIDARIO. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana.
El gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana continúa generando controversia con sus adjudicaciones a empresas vinculadas a la corrupción del Partido Popular. En esta ocasión, el conseller de Infraestructuras ha concedido 1,7 millones de euros a Tizor Hormigones y Asfaltos SL, empresa relacionada con el caso Gürtel, cuyos responsables fueron condenados por financiar ilegalmente al Partido Popular en la era Camps. Esta adjudicación se hizo sin concurso público, lo que ha levantado preocupaciones sobre la transparencia de los procesos de reconstrucción tras la DANA.
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Tizor, como otras compañías relacionadas con figuras del escándalo Gürtel, ha logrado contratos millonarios de emergencia para reparar infraestructuras dañadas por la tormenta. A pesar de la polémica, el gobierno de Mazón justifica estos acuerdos apelando a la urgencia de la situación y a la normativa vigente, que permite la contratación directa en casos excepcionales.
Empresas vinculadas al PP reciben adjudicaciones millonarias tras la DANA
Después de la DANA, el Gobierno de Mazón ha adjudicado contratos millonarios a empresas vinculadas al PP, algunas con antecedentes en la trama Gürtel, como STV y Hormigones Martínez. Entre los beneficiados también destacan empresas relacionadas con figuras cercanas a Génova 13, como Íñigo de la Serna. Más de 50 contratos de emergencia por valor superior a 200 millones de euros se han tramitado en este contexto, generando sospechas de favoritismo y falta de transparencia en el proceso de adjudicación, según el PLURAL.
La repetición de este patrón de favoritismo hacia empresas vinculadas a la trama Gürtel pone en entredicho la gestión del gobierno de Mazón y sus compromisos con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
A pesar de los escándalos previos, las prácticas que favorecen a empresas involucradas en la corrupción siguen vigentes en la Comunidad Valenciana. Esta situación no solo perjudica la confianza en las instituciones, sino que también plantea un riesgo para la correcta gestión de los recursos públicos. La ciudadanía debe mantenerse vigilante ante estos procesos opacos que amenazan con socavar aún más la credibilidad del sistema político.
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