Esto significa que por cada persona jubilada habrá poco más de un trabajador en activo, poniendo en jaque la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La tasa de dependencia mide la relación entre la población inactiva (mayores de 64 años) y la activa (16-64 años). En 2022, este índice era del 31%, pero se prevé que alcance el 53,7% en 2050, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
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La pirámide se invierte
Este envejecimiento poblacional se debe al aumento de la esperanza de vida y a las bajas tasas de natalidad.
A largo plazo, esta situación ejercerá una presión significativa sobre la población ocupada.
Con menos trabajadores sosteniendo a más pensionistas, el déficit de la Seguridad Social podría incrementarse. Actualmente, se necesitarían 3,78 millones de afiliados adicionales para equilibrar el sistema; en 2050, esta cifra ascendería a más de 6 millones.
Las prestaciones y pensiones de los jubilados también se verán afectadas. Sin reformas estructurales, el sistema podría enfrentar dificultades para mantener las pensiones actuales.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que el envejecimiento poblacional ejercerá una elevada presión sobre las finanzas públicas, reclamando una perspectiva global para su sostenibilidad.
Medidas para mitigar estos efectos
Para mitigar estos efectos, el gobierno y diversos institutos proponen medidas como alargar la vida laboral de forma flexible y permitir la compatibilidad entre pensión y salario.
El Instituto Santalucía sugiere reformar la legislación vigente para facilitar que los jubilados puedan seguir trabajando sin perder su pensión, adaptándose así a la nueva longevidad y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.
Por tanto, España debe abordar con urgencia el desafío del envejecimiento poblacional.
Implementar reformas que fomenten una jubilación flexible y compatibilicen trabajo y pensión es esencial para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y el bienestar de las futuras generaciones.
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