Fausto 
El Solidario. El verano se siente más en los colegios andaluces.
A cuarenta grados dentro de un aula, el derecho a la educación se convierte en un castigo térmico. En Andalucía, solo 407 de los más de 7.000 centros educativos cuentan con protección frente al calor, pese a que la Ley de Bioclimatización fue aprobada hace cinco años. Mientras las olas de calor se intensifican por el cambio climático, la Junta de Andalucía incumple su propia legislación, condenando a miles de estudiantes y docentes a soportar temperaturas insoportables en condiciones indignas.
Las imágenes de niños sudando en clase, maestras desmayadas y ventiladores improvisados no son escenas anecdóticas: son la prueba del abandono institucional.
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La ley andaluza, aprobada en 2020 a iniciativa de Adelante Andalucía, prometía convertir los centros escolares en espacios saludables mediante sistemas pasivos y sostenibles, pero el gobierno de Juanma Moreno ha ralentizado su ejecución de forma deliberada.
Hoy, el 94% de las escuelas siguen sin adaptar sus infraestructuras, como si el calor extremo fuera una rareza y no una realidad anual.
Familias, sindicatos y profesorado llevan años alertando del riesgo para la salud y el rendimiento académico de los menores. La Consejería de Educación, lejos de acelerar las medidas, ha optado por la pasividad mientras presume de presupuestos históricos y superávit. ¿En qué democracia una ley aprobada por el Parlamento puede ignorarse sin consecuencias?
El desprecio a la escuela pública no es nuevo, pero ahora se vuelve criminal. Privatizan recursos, precarizan al profesorado y, además, dejan que las aulas se conviertan en hornos.
El alumnado andaluz merece estudiar en condiciones dignas y con garantías de bienestar. Lo contrario es negar su derecho más elemental: aprender sin que su salud esté en juego.
Cumplir la ley no es una opción, es una obligación. El calor mata, y la negligencia institucional también. No hay excusas para dejar que la infancia se cocine mientras los despachos siguen refrigerados.
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