Francia se convirtió en el primer país de Europa en aprobar una prohibición general de acceso a redes sociales para menores de 15 años. La ley, respaldada por el Parlamento, impide que niños y niñas por debajo de esa edad abran cuentas nuevas desde el 1 de septiembre de 2026, aunque su aplicación todavía plantea dudas técnicas, legales y de privacidad.
La medida nace de una preocupación real. Las redes sociales no son un simple patio digital. Son empresas diseñadas para retener atención, empujar contenido, medir emociones y convertir tiempo infantil en datos y publicidad. Hay familias, docentes y profesionales de salud mental que llevan años alertando de ansiedad, exposición a contenidos dañinos, acoso, comparación permanente y pérdida de sueño.
Pero una prohibición, por sí sola, no educa. Puede cerrar una puerta y abrir diez ventanas: cuentas falsas, móviles de familiares, VPN, plataformas ambiguas, videojuegos con funciones sociales o servicios difíciles de definir. Además, verificar la edad de todos los usuarios puede traer otro problema: pedir documentos, selfies o sistemas de identificación que afecten la privacidad de menores y adultos.
El debate no debería quedar atrapado entre dos extremos. Ni “pantallas libres para todo” ni “prohibir y olvidarse”. La infancia necesita protección, sí, pero también educación digital, familias acompañadas, escuelas con recursos, plataformas obligadas a eliminar diseños adictivos y Estados capaces de regular sin convertir cada usuario en sospechoso.
Francia abre un camino importante porque reconoce que las tecnológicas no pueden seguir lavándose las manos. Pero la pregunta de fondo sigue ahí: ¿queremos proteger a los menores de las redes o solo sacarlos de la vista mientras el negocio continúa igual para el resto?
Cuidar a la infancia no debería ser delegar todo en una contraseña de edad. Debería ser cambiar un ecosistema digital que aprendió a ganar dinero con la atención más vulnerable.