La justicia juvenil europea afronta un giro punitivo impulsado por el avance de la ultraderecha. El debate ya no se limita a cómo combatir la delincuencia cometida por adolescentes, sino a hasta dónde debe llegar el Estado en el castigo de quienes todavía no han alcanzado la mayoría de edad.
Italia se ha convertido en uno de los principales laboratorios de este cambio. El Gobierno de Giorgia Meloni ha planteado rebajar el umbral a partir del cual un menor puede ser considerado penalmente responsable de forma automática. La reforma pretende combatir especialmente las bandas juveniles, pero sus críticos advierten del riesgo de sustituir la valoración individual de la madurez del adolescente por una respuesta esencialmente represiva.
La discusión afecta a una cuestión fundamental: un menor que delinque debe responder por sus actos, pero ¿debe hacerlo exactamente como un adulto? Quienes defienden el endurecimiento consideran que la edad no puede convertirse en una garantía de impunidad. Sus detractores recuerdan que la adolescencia es una etapa de desarrollo y que la justicia juvenil nació precisamente para combinar responsabilidad, educación y reinserción.
El giro político coincide con el crecimiento de los discursos sobre seguridad, delincuencia y orden público. Y convierte a los menores infractores en uno de los nuevos campos de batalla cultural de la derecha radical europea.
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