La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha concluido que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohingya en las operaciones militares de 2017. La decisión se leyó el jueves 19 de noviembre en el Palacio de la Paz de La Haya, a cargo del juez Yuji Iwasawa, y resuelve la demanda que Gambia presentó en 2019 con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica y la intervención de otros once Estados. Se considera la primera vez que la Corte atribuye a un Estado la comisión de un genocidio.
El tribunal da por acreditada la intención genocida de las fuerzas de seguridad, a la vista de la magnitud y la naturaleza de los hechos: miles de civiles muertos, violencia sexual generalizada y una violencia extrema contra niños y niñas. Más de 700.000 rohingya huyeron a Bangladesh en 2017.
La sentencia es definitiva y no admite apelación, aunque los medios para hacerla cumplir son limitados.
Agnès Callamard, de Amnistía Internacional, lo resumió sin matices: «Genocidio. Esta es la conclusión inequívoca de la CIJ». Human Rights Watch habló de «un momento crucial». Myanmar, por boca de Ko Ko Hlaing, rechaza el fallo y sostiene que las operaciones de 2016 y 2017 fueron una respuesta al grupo armado ARSA, al que califica de terrorista.
Varias voces señalan que la sentencia podría influir en el caso que Sudáfrica ha llevado ante la misma Corte contra Israel por la guerra en Gaza.
Para quienes huyeron en 2017, el fallo pone nombre jurídico a lo vivido. Falta que ese genocidio, ahora reconocido por la máxima instancia judicial de la ONU, se traduzca en protección, reparación y justicia para quienes siguen sin poder volver a casa.





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