La huelga general del miércoles 11 de noviembre, la primera en 14 años y la primera convocada por el derecho a la vivienda, ha dejado dos lecturas opuestas de su seguimiento y una polémica por la actuación policial en los piquetes. La impulsó el Sindicato de Inquilinas, la respaldaron CCOO y UGT y contó con el apoyo del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Sus reivindicaciones eran la contención de los precios del alquiler y de la compra, salarios dignos y mejores servicios públicos.
Los sindicatos hablan de un seguimiento del 84 % en Cataluña, del 41 % en Extremadura y de cerca del 90 % en la educación pública. La patronal, en cambio, cifra la participación media en menos del 5 % y la califica de fracaso. Según Red Eléctrica, la demanda cayó cerca de un 9 % a primera hora, y se cancelaron más de 300 vuelos. En la manifestación de Madrid, la Delegación del Gobierno contó 120.000 personas y el Sindicato de Inquilinas, 400.000.
La jornada de huelga general quedó marcada por las cargas. Desde la madrugada hubo incidentes en los piquetes, con porras y gas pimienta de la Policía Nacional en la Gran Vía de Madrid y en Mercamadrid, donde CCOO cifra en 15 los trabajadores afectados. Hasta las cinco de la tarde había al menos 50 detenidos según los datos de Interior, la Ertzaintza y los Mossos, y por la noche la manifestación de Barcelona terminó con disturbios, contenedores quemados y ataques a comercios. Amnistía Internacional denunció «actuaciones policiales preocupantes» en varias ciudades, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró «perplejo» y anunció que su sindicato estudia emprender acciones legales.
Este jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía que investigue las incidencias de la jornada y que deje de usar gas lacrimógeno en las manifestaciones.
En el plano político, el PP y Vox cargaron contra los sindicatos. Santiago Abascal los llamó «sindicatos ideológicos, de corte marxista y comunista», y el PP difundió una imagen creada con inteligencia artificial de sindicalistas comiendo marisco, que la vicepresidenta Yolanda Díaz calificó de «intolerable». Con las elecciones del 29 de noviembre a menos de tres semanas, la vivienda ha pasado de la calle a la campaña, y la huelga general será uno de los asuntos de los que se hable en ella.
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