El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ordenó el pasado viernes la detención simultánea de 14 personas vinculadas a Núcleo Nacional, una organización ultraderechista, y la jueza que instruye el caso sostiene en sus autos que el grupo es «una estructura perfectamente jerarquizada» que «se podría llegar a considerar» una asociación de carácter paramilitar, con una apariencia formal «de índole cultural y deportivo». La operación incluyó registros en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alacant, Pontevedra y Valladolid, donde la policía se incautó de armas blancas, material pirotécnico y propaganda con simbología nazi y fascista.
El origen está en la denuncia de un menor de Gijón que afirmó haber sido amenazado por un grupo de ultraderecha, lo que llevó a los investigadores hasta un grupo de WhatsApp, «White Boys», desmantelado a finales de 2025. De ahí tiraron del hilo hasta Núcleo Nacional. Según el informe policial, la organización tiene un órgano central, «La Cúpula», con siete personas, siete departamentos y 20 demarcaciones territoriales, y unos sesenta miembros. La policía le atribuye además conexiones con unas 20 organizaciones de 14 países.
El informe sitúa en agosto un viaje de cinco militantes a Ucrania para «recibir adiestramiento paramilitar», con contactos con la unidad Azov, y afirma que su objetivo era transmitir esas tácticas a la militancia en España para preparar un «alzamiento armado». En las escuchas telefónicas, que se iniciaron en abril, aparecen frases como «si hay que echar manos a las armas, se les echa». La policía precipitó la operación porque sospechaba que la manifestación convocada por el grupo en Madrid el 7 de noviembre podía acabar en disturbios graves: «Esta acción tiene como finalidad causar graves desórdenes públicos en la capital», dicen los oficios.
Núcleo Nacional lo niega. Asegura que «no son delincuentes», que las detenciones responden a «motivaciones de carácter político» para impedir esa manifestación y que todas las armas intervenidas contaban con licencia. La jueza ha dejado a los detenidos en libertad bajo medidas cautelares y la investigación sigue abierta, de modo que los delitos concretos aún no están definidos.
Será la instrucción la que determine si lo que describe la policía se sostiene ante un tribunal. Entretanto, el caso ofrece una imagen incómoda: la de una organización que, según la investigación, habría ido más allá de las manifestaciones y cuyos viajes quedaron reflejados en sus propias redes.
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