La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió este lunes que el Gobierno de Ceuta autorice «lo antes posible» el traslado a la península de los 500 menores migrantes que siguen bajo su tutela, además de habilitar más espacios para acogerlos en la ciudad. La respuesta del Ejecutivo ceutí, gobernado por el PP, ha sido no mover ficha: en 2021 se habilitaron polideportivos y naves en El Tarajal para una situación similar, pero esta vez la ciudad se ha negado a abrirlos.
El bloqueo llega el mismo día en que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajó a Madrid arropado por toda la cúpula del PP —incluidos siete presidentes autonómicos— para exigir explicaciones al Gobierno central y acusar a Marruecos de haber orquestado una «invasión». Alberto Núñez Feijóo llegó a decir que la reacción de Vivas había frustrado un plan marroquí que terminaría «con algún tipo de cesión» de España. Mientras el PP reclamaba respuestas diplomáticas a un país extranjero, seguía sin ofrecer un techo a quinientos niños que ya están en territorio español.
La propia Mónica García señaló la contradicción sin rodeos: «es imposible que el PP, la derecha y la ciudad de Ceuta le estén exigiendo al Gobierno medidas para solucionar la situación cuando la propia ciudad autónoma está poniendo palos en las ruedas para resolver dónde albergar a los migrantes».
El diputado de Podemos Pablo Fernández fue un paso más allá y señaló directamente el color de piel de quienes llegan: «Todos sabemos que si las personas llegadas a Ceuta hubiesen sido rubias y de ojos azules, se habría solucionado pronto», denunció, calificando la gestión de «racismo institucional».
Entre tanto, la crisis migratoria —que arrancó el 30 y 31 de julio con la llegada de unas 80.000 personas desde Marruecos— ha escalado también en los tribunales: la Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigarla como un posible caso de organización criminal, y Vox anunció una querella contra Pedro Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska por, entre otros delitos, «colaboración con el terrorismo». Cuarenta días después del salto a la valla, el debate público sigue instalado en la culpa geopolítica mientras 500 menores continúan esperando, sin fecha, a que alguien decida dónde van a dormir esta noche.
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