
Archivo EFE/ELSOLIDARIO.Concentración de venezolanos en Madrid.
En 2024, España registró un récord histórico de 167.366 solicitudes de asilo, consolidándose como el segundo país de la Unión Europea con más peticiones, solo por detrás de Alemania. Este incremento ha llevado al colapso del sistema de asilo español, dejando a más de 270.000 personas en espera de una respuesta, según datos de septiembre de 2024. Es más del doble que hace cinco años.
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El aumento de solicitudes ha sido impulsado principalmente por ciudadanos latinoamericanos, especialmente venezolanos y colombianos, que representan más del 75% del total de peticiones en el país. En 2024, Venezuela encabezó la lista con 66.134 solicitudes, seguida de Colombia con 40.140. Además, se ha observado un incremento en las solicitudes de ciudadanos malienses, con más de 10.600 peticiones.
Trabas burocráticas
El colapso del sistema se manifiesta en diversas etapas del proceso de asilo. Uno de los principales obstáculos es la dificultad para obtener una cita para formalizar la solicitud, lo que retrasa el acceso a derechos básicos, como la posibilidad de trabajar legalmente a los seis meses de presentada la petición. Esta situación empuja a muchos solicitantes a la economía sumergida mientras esperan una resolución.
La tasa de reconocimiento de protección internacional en España es una de las más bajas de la UE, rondando el 12%. Esto implica que la mayoría de las solicitudes son rechazadas, dejando a muchas personas en situación irregular y sin acceso a servicios básicos.
De adultos a menores desamparados
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado este colapso y la falta de medidas efectivas para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo. La saturación del sistema no solo afecta a los adultos, sino también a menores no acompañados, quienes, al cumplir 18 años, se ven obligados a abandonar los centros de acogida sin un plan de transición adecuado, enfrentándose a la exclusión social y la falta de oportunidades.
Las autoridades españolas deben implementar medidas estructurales para fortalecer el sistema de asilo, garantizando procedimientos ágiles y justos que respeten los derechos humanos de los solicitantes. La actual situación de colapso no solo vulnera estos derechos, sino que también pone en riesgo la cohesión social y la imagen de España como país comprometido con la protección internacional.
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