
Imagen de andaluciainformacion.es : El Solidario. Oficina de estadística, registro y empadronamiento de Huelva.
En España, algunos ayuntamientos han comenzado a imponer multas de hasta 150 euros a quienes estén empadronados en un municipio, pero residan en otro. Esta medida busca corregir irregularidades en el padrón, pero también ha generado críticas sobre su impacto en colectivos vulnerables y la falta de opciones de vivienda accesible.
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Impacto de las multas por empadronamiento en colectivos vulnerables
El empadronamiento es esencial para acceder a servicios básicos, votar o recibir ayudas sociales. Sin embargo, el problema radica en que muchas personas deben empadronarse en un municipio distinto al que realmente habitan debido a razones económicas, laborales o de acceso a vivienda asequible. Esto ocurre especialmente en zonas urbanas, donde los precios del alquiler obligan a las familias a mudarse a localidades cercanas sin cambiar su padrón por la complejidad del trámite o la falta de información.
Desde los ayuntamientos, la justificación para estas sanciones se basa en la necesidad de actualizar los datos del censo y evitar desequilibrios en la asignación de recursos públicos. Sin embargo, activistas sociales y defensores de derechos han señalado que esta medida penaliza a quienes ya enfrentan precariedad, en lugar de abordar las causas estructurales del problema, como la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda pública.
En Andalucía, una de las comunidades donde estas multas han ganado notoriedad, la presión sobre el mercado inmobiliario y el incremento del coste de vida han empujado a muchas familias a buscar soluciones creativas, aunque no siempre legales, para mantenerse a flote. Los expertos subrayan que la verdadera solución pasa por implementar políticas de vivienda inclusivas y garantizar un sistema de empadronamiento más flexible y accesible.
Multar a quienes intentan adaptarse a un sistema que no les protege es un reflejo de la desconexión entre las administraciones y las necesidades reales de la ciudadanía. Urge un debate que priorice el acceso a derechos fundamentales sobre la penalización de quienes simplemente buscan un lugar donde vivir.
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