
Imagen: eldiario.es. El Solidario. Pedro Sánchez en el foro 'Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar'.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso paquete de 12 medidas destinadas a abordar la crisis de la vivienda en España.
Entre las iniciativas destacan exenciones fiscales para fomentar el alquiler asequible, restricciones a la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y la creación de un sistema público de garantías para inquilinos y propietarios.
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Una de las propuestas más significativas es la exención del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas conforme al Índice de Precios de Referencia, incentivando así la oferta de alquileres a precios moderados.
Además, el Gobierno planea incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal para extranjeros extracomunitarios no residentes que adquieran propiedades en España, con el objetivo de priorizar el acceso a la vivienda para los residentes y mitigar la especulación inmobiliaria.
Para fortalecer la seguridad en el mercado del alquiler, se implementará un sistema de garantías públicas que proteja tanto a propietarios como a inquilinos, facilitando acuerdos de alquiler asequible y reduciendo los riesgos asociados.
Una vivienda digna para España
Estas medidas buscan ampliar la disponibilidad de viviendas asequibles y equilibrar el mercado inmobiliario en beneficio de la sociedad española.
La exención fiscal en el IRPF podría motivar a más propietarios a ofrecer sus inmuebles en alquiler a precios razonables, aumentando la oferta y facilitando el acceso a la vivienda para sectores con mayores dificultades.
Por otro lado, las restricciones fiscales a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes pretenden frenar la especulación y garantizar que las propiedades disponibles se destinen principalmente a los residentes en España, favoreciendo así la estabilidad del mercado y evitando incrementos desproporcionados en los precios.
El sistema público de garantías ofrecerá una mayor confianza tanto a arrendadores como a arrendatarios, promoviendo contratos de alquiler más seguros y estables. Esta iniciativa podría reducir la desconfianza existente en el mercado del alquiler y fomentar acuerdos beneficiosos para ambas partes.
En conjunto, estas políticas reflejan un enfoque progresista por parte del Gobierno para enfrentar los desafíos del sector de la vivienda, priorizando el bienestar de los ciudadanos y buscando soluciones estructurales a largo plazo.
Las medidas anunciadas por el Gobierno
- Transferencia de 3.300 viviendas y de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda.
- Dotación a la empresa pública de vivienda de un “mecanismo legal para que tenga prioridad en la compra de viviendas y suelo”
- Blindaje de la vivienda protegida del Estado “para garantizar que toda vivienda construida” con fondos públicos “mantenga la titularidad pública”.
- Lanzamiento de un Perte para “modernizar e innovar en el sector de la construcción”.
- Creación de un “sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible”.
- Un programa de rehabilitación de viviendas vacías que vayan a ser destinadas al alquiler a precio asequible, al menos durante cinco años.
- Proponer al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
- También se propondrá al Congreso una reforma fiscal para que los pisos turísticos “tributen como lo que son, un negocio”.
- Un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen la persecución del fraude en los alquileres de temporada.
- Compromiso para “cambiar el régimen de ventajas fiscales de las Socimis, para que solo se apliquen al régimen de alquiler asequible”.
- Limitación de las compras de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incrementando la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble.
- Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026, con más programas de ayudas y especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y aquellas que residen en zonas degradadas.
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