
Archivo/ELSOLIDARIO. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El 26 de diciembre de 2024, en plena temporada navideña, el gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, aprobó el desembolso de casi 167 millones de euros al grupo sanitario Quirón. Este pago se destinó a los cuatro hospitales gestionados por la entidad: Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y Hospital General de Villalba.
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La distribución de los fondos se realizó en dos partidas principales: 132,1 millones de euros correspondieron a liquidaciones pendientes del año 2023, mientras que 34,8 millones se asignaron a cubrir gastos extraordinarios derivados de la asistencia durante la pandemia de COVID-19 en 2021.
Este desembolso se suma a una serie de pagos significativos que el Ejecutivo regional ha realizado al grupo Quirón en los últimos años. Por ejemplo, entre 2020 y 2023, la Fundación Jiménez Díaz recibió 707 millones de euros mediante procedimientos excepcionales.
Pagos a Quirón: ¿Prioridad sobre la sanidad pública?
La reiterada utilización de procedimientos excepcionales y la magnitud de los fondos públicos destinados a entidades privadas como Quirón han suscitado críticas y preocupación entre diversos sectores. La oposición y colectivos ciudadanos cuestionan la transparencia y la justificación de estos pagos, especialmente en un contexto donde la sanidad pública enfrenta desafíos significativos, como la falta de personal en residencias de mayores durante períodos críticos.
La tendencia a favorecer a grandes corporaciones sanitarias privadas podría estar debilitando el sistema público de salud, incrementando las desigualdades en el acceso a servicios esenciales y comprometiendo la calidad de la atención sanitaria para la ciudadanía. Las autoridades deben priorizar la inversión en la sanidad pública, garantizando su fortalecimiento y sostenibilidad, en lugar de recurrir sistemáticamente a soluciones que benefician a entidades privadas.
La opacidad en la gestión de estos recursos y la falta de rendición de cuentas claras generan desconfianza en la ciudadanía.
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