El gobierno acelera la creación de plazas para jueces especializados en violencia de género
Fátima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Una mujer durante una manifestación en El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El Gobierno español prepara un real decreto para agilizar la creación de plazas de jueces especializados en violencia de género, reforzando así el sistema judicial para combatir esta problemática.La medida busca mejorar la respuesta ante el aumento de casos y descongestionar los juzgados saturados. Además, contempla la redistribución de recursos y la formación específica de los jueces, demostrando un firme compromiso con la igualdad y la justicia.
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Malestar de los magistrados
La nueva Ley de Eficiencia asignará a los juzgados de violencia sobre la mujer las competencias sobre violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso sexual en los próximos nueve meses. Esta medida ha generado preocupación entre los magistrados, que temen un colapso debido al aumento de casos que deben asumir.
El nuevo Real Decreto busca adaptar los juzgados a un incremento del 20% en los casos de violencia de género, incluyendo la violencia sexual. La medida contempla crear nuevas plazas de jueces en tribunales de instancia y transformar juzgados de instrucción para especializarlos en violencia machista. Con un coste estimado de 400.000 euros por unidad judicial, la reforma refuerza el compromiso con la justicia y la igualdad.
Durante una reunión reciente, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños destacó la importancia de modernizar el sistema judicial a través de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Bolaños destacó que con la nueva ley, en lugar de crear nuevos juzgados, se podrán asignar entre 4 y 6 jueces a las secciones existentes, lo que ayudará a descongestionar los tribunales. La ley también busca alinear a España con los estándares internacionales establecidos en el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres.
La ley propone la creación de tribunales de instancia para adaptar la estructura judicial a las necesidades regionales y fomenta el uso de métodos alternativos de resolución de disputas, como la mediación, para aliviar la carga de los juzgados. Esta reforma busca mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial.
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