Vincenzo Gambaretto 
Europa Press
Punta Blanca, en Tenerife, acaba de ganar una batalla importante. No definitiva, pero sí enorme. Greenpeace celebró el frenazo al proyecto Underwater Gardens, después de que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunciara la propuesta de denegar la Declaración de Interés Insular que sostenía el proyecto.
La plataforma Salvar Punta Blanca, formada por 34 colectivos ecologistas y deportivos, también celebró la decisión y espera que sea el “freno definitivo” a un macroproyecto turístico previsto en la franja marina Teno-Rasca.
El caso muestra una tensión cada vez más repetida: proyectos que llegan con palabras amables —regeneración, innovación, sostenibilidad— pero que terminan aumentando la presión sobre territorios ya saturados. Greenpeace advierte de que Underwater Gardens pretendía convertir Punta Blanca y la ZEC Franja Marina Teno-Rasca en un nuevo polo de atracción turística bajo el envoltorio de “parque regenerativo”.
No hablamos de una intervención pequeña. El proyecto llevaba aparejada una solicitud para ocupar 11.691 metros cuadrados de Dominio Público Marítimo-Terrestre en una zona protegida. Greenpeace ha pedido a Costas que deniegue esa solicitud, al considerar que aumentaría la presión humana sobre uno de los grandes santuarios de cetáceos de Europa.
Además, Salvar Punta Blanca y Greenpeace publicaron un análisis técnico en el que califican el proyecto como greenwashing. Según las organizaciones, no cumple los criterios de la UICN para ser considerado una Solución Basada en la Naturaleza, porque prioriza infraestructuras artificiales y un modelo turístico masivo frente a una restauración ecológica real.
La victoria no cayó del cielo. Llegó después de alegaciones, presión ciudadana, trabajo jurídico y defensa del territorio. Es la imagen de una isla diciendo basta a una lógica que convierte cada rincón valioso en una oportunidad de negocio.
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