Veinte universidades españolas continúan participando en proyectos europeos de investigación junto a entidades israelíes vinculadas al sector de la defensa o a tecnologías con posibles aplicaciones militares, pese al compromiso anunciado por las universidades españolas en 2024 de suspender relaciones con instituciones que no mostraran un firme compromiso con la paz y el derecho internacional humanitario.
Una investigación de Investigate Europe y Reporters United, publicada en España por Público, identifica 28 nuevos proyectos del programa Horizonte Europa en los que participan estas universidades españolas. En conjunto, las instituciones recibirían alrededor de 6,6 millones de euros. Entre las universidades señaladas figuran la Autónoma de Barcelona, Politécnica de Madrid, Murcia, Sevilla, Granada y Complutense.
La situación plantea una creciente contradicción entre los compromisos públicos y la actividad investigadora. Algunas universidades han anunciado su intención de desvincularse de determinados proyectos israelíes, pero continúan formando parte de otros consorcios europeos en los que aparecen empresas o instituciones del país.
Uno de los principales puntos de controversia es el denominado doble uso: investigaciones desarrolladas con fines civiles que pueden terminar teniendo aplicaciones militares. La propia Comisión Europea reconoce que no puede descartarse que determinados resultados científicos puedan convertirse posteriormente en tecnologías de doble uso.
El debate también enfrenta dos principios: la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional frente a la protección de la libertad académica y la cooperación científica internacional. Las instituciones israelíes defienden que su participación en Horizonte Europa está sometida a los controles éticos y legales establecidos por la Unión Europea.
El caso ha adquirido además una dimensión judicial. La Universidad de Granada mantiene un litigio que ha llegado al Tribunal Supremo después de que un lobby proisraelí recurriera su decisión de suspender determinadas colaboraciones. La futura sentencia podría establecer un precedente sobre la capacidad de las universidades públicas para condicionar sus relaciones internacionales por motivos relacionados con los derechos humanos.
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