Abelardo de la Espriella prometió flexibilizar el porte de armas y, esta vez, puede decir que cumplió.
El 8 de septiembre firmó el Decreto 1368, que elimina la suspensión general que durante años restringió la expedición de permisos para portar armas de fuego en Colombia. Una precisión importante: no desaparecen los permisos ni cualquiera podrá salir armado. Siguen existiendo requisitos y autorización estatal; lo que vuelve es la posibilidad ordinaria de concederlos.
De la Espriella lo justifica con una idea conocida: mientras los delincuentes consiguen armas ilegalmente, el “ciudadano de bien” debería poder defenderse dentro de la ley.
Y aquí aparece la ironía.
Colombia tiene problemas de seguridad reales. Extorsión, narcotráfico, grupos armados y barrios donde el Estado llega tarde o directamente no llega. Pero convertir más armas legales en símbolo de libertad supone trasladar parte de la seguridad colectiva al individuo: si el Estado no logra protegerte, ármate tú.
Suena familiar porque lo es.
Es parte del modelo estadounidense armado que durante décadas convirtió la posesión de armas en identidad política. El resultado tampoco constituye precisamente un indicador admirable de calidad de vida: los CDC siguen considerando las lesiones y muertes por armas un grave problema de salud pública y registraron más de 48.000 muertes relacionadas con armas solo en 2022.
De la Espriella, además, acaba de reforzar su alineamiento político con la Administración Trump.
Colombia podría mirar a Estados Unidos y copiar inversión científica, universidades, innovación o capacidad industrial.
Pero cierta derecha latinoamericana parece fascinada por otra exportación:
seguridad como producto, individualismo como respuesta y una pistola como sustituto de políticas públicas.
Sí, fue un hombre de palabra.
La cuestión es si esa palabra mejora algo más que la posibilidad de llevar un arma en la cintura.
Deja un comentario