Colombia se ha convertido en uno de los escenarios internacionales donde más crece el debate sobre la gestación subrogada, una práctica que se desarrolla en un vacío legal que preocupa a organizaciones, juristas y expertos en derechos humanos.
El país no cuenta actualmente con una ley específica que regule o prohíba la gestación subrogada. Esta ausencia de normas ha permitido el desarrollo de un mercado en el que participan clínicas, agencias intermediarias y reclutadoras de mujeres gestantes, mientras las autoridades reconocen las dificultades para supervisar que los procedimientos cumplan las condiciones establecidas por la jurisprudencia.
La situación ha convertido a Colombia en un destino para personas procedentes de otros países que buscan acceder a esta práctica. Sus defensores reclaman una regulación que proteja a las mujeres gestantes y a los menores, mientras sus detractores consideran que puede favorecer la explotación reproductiva de mujeres en situación de vulnerabilidad y la mercantilización de los niños.
El debate ha llegado de nuevo al Congreso. En julio de 2026 se presentó un proyecto para prohibir la gestación subrogada con fines lucrativos, así como la intermediación, captación y publicidad comercial relacionada con ella. La iniciativa también plantea mecanismos de control sanitario, registral y judicial para proteger a las mujeres y a los menores.
En agosto se registró además otra propuesta legislativa que pretende prohibir la maternidad subrogada al considerar que supone una forma de explotación reproductiva y mercantilización de los niños.
Colombia se encuentra así ante una decisión de enorme trascendencia: regular una práctica que ya existe o prohibirla antes de que el mercado siga creciendo. Mientras el Congreso debate, las mujeres gestantes y los niños que nacen mediante estos procedimientos permanecen en el centro de una controversia que afecta directamente a sus derechos y a su protección jurídica.
Deja un comentario