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Amnistía Internacional lanzó este 23 de junio una alerta directa contra una política que Europa prefiere no mirar de frente: contener a personas migrantes y refugiadas en Libia, aunque allí se multipliquen los abusos.
Según la organización, las autoridades rivales libias han intensificado una campaña xenófoba y racista contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, con miles de detenciones arbitrarias y expulsiones colectivas. Al mismo tiempo, la Unión Europea intenta estrechar la cooperación migratoria con esos mismos actores.
La denuncia es especialmente grave porque no habla de hechos aislados. Amnistía señala que, durante el último mes, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, y el “Gobierno Libio” del este, aliado con las Fuerzas Armadas Árabes Libias, han emprendido nuevas campañas de represión contra personas extranjeras.
Las cifras duelen. El Departamento de Lucha contra la Migración Irregular del este anunció que entre 7.000 y 8.000 personas migrantes estaban detenidas a la espera de expulsión. Amnistía también recoge testimonios de personas negras detenidas, golpeadas y retenidas en condiciones de hacinamiento.
Europa llama a esto cooperación. Pero cuando una frontera se externaliza hacia lugares donde se tortura, se encierra y se expulsa sin garantías, la responsabilidad no desaparece. Solo se desplaza.
La migración no se detiene convirtiendo el desierto y el mar en zonas de castigo. Las personas siguen huyendo de guerras, hambre, pobreza, persecución y falta de futuro. Lo que cambia es el precio humano que pagan por intentar salvarse.
Amnistía acusa a la UE de haber financiado durante años el control migratorio en Libia con apoyo a la Guardia Costera Libia, una política que, según la organización, la ha hecho cómplice de abusos graves.
No hay gestión migratoria digna si se basa en mirar hacia otro lado. Europa no puede defender derechos en sus discursos y pagar fronteras donde esos derechos se rompen.