La Audiencia de Madrid decidirá el futuro judicial de Begoña Gómez en medio de resoluciones contradictorias sobre sus viajes
Rocío Benítez 
Fuente EFE
Cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid deliberarán a partir del próximo 13 de julio sobre los recursos presentados contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez ante un tribunal popular. La resolución marcará el rumbo de una causa que lleva más de dos años abierta y en la que ya se han anulado una decena de decisiones del instructor.
El culebrón judicial se ha intensificado esta semana con un episodio revelador: el juez sustituto de Peinado, Antonio Viejo, ha autorizado a la esposa del presidente del Gobierno a viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le ha prohibido asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía. La diferencia de trato responde, según el propio magistrado, a razones de cooperación judicial con el Reino Unido frente a Turquía, aunque el Gobierno ha calificado la decisión de «incomprensible».
Detrás de estas cautelares —retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales— está la presión de la acusación popular que ejerce la asociación ultracatólica HazteOir, que pide 24 años de cárcel para Gómez y se ha opuesto sistemáticamente a cualquier flexibilización de las medidas, incluso para un acto tan personal como la graduación de una hija.
Resulta especialmente llamativo el contraste con el trato dado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en otra causa: el juez que lleva su caso decidió no imponerle ninguna medida cautelar, argumentando precisamente su notoriedad pública como garantía contra la fuga. A Begoña Gómez, en cambio, esa misma notoriedad y la presencia constante de escoltas policiales no le ha librado de las restricciones más severas, en un argumento que los propios sindicatos policiales calificaron de disparate.
El caso vuelve a evidenciar cómo una parte de la judicatura, azuzada por organizaciones de la ultraderecha, convierte los procesos judiciales en un instrumento de desgaste político, mientras el criterio aplicado varía según quién se siente en el banquillo.
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