Hay frases que resumen un modelo entero. “O pagas 2.800 euros o te vas”. Eso, según ha contado Diario Público, es lo que están viviendo familias de personas mayores afectadas por el nuevo acuerdo marco de plazas concertadas de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el 1 de julio. Seis residencias privadas han salido del sistema y otras 39 han reducido plazas ofertadas; la Consejería asegura que “ningún usuario se queda sin plaza” y que ya ha reubicado a 95 personas mayores.
Pero una plaza no es solo una cama. Para una persona de 94 o 97 años, especialmente si tiene dependencia, una residencia puede ser su casa: sus pasillos, sus cuidadoras, su habitación, sus rutinas, sus vínculos. Cambiarla de golpe no es una mudanza administrativa. Puede ser una ruptura vital.
El acuerdo marco es el instrumento con el que Madrid contrata plazas residenciales en centros privados para personas mayores dependientes. La propia Comunidad lo define como el contrato que fija obligaciones, condiciones técnicas y actividades que deben asumir las entidades adjudicatarias. Dependencia.info recogió que el nuevo contrato establece un precio público de 86,26 euros por plaza y día, 89,71 con IVA.
El problema aparece cuando un centro reduce plazas concertadas y la familia recibe una alternativa imposible: aceptar el traslado o pagar una plaza privada. En el caso citado por Público, la habitación se ofrecía por 2.800 euros mensuales, mientras la pensión de la residente rondaba los 600 euros.
La derecha suele hablar de libertad de elección. Pero no hay elección real cuando una persona mayor debe escoger entre perder su hogar o pagar una cantidad inasumible. Eso no es libertad: es el mercado entrando por la puerta de la dependencia.
Los cuidados no pueden depender de una subasta silenciosa entre empresas, contratos y familias agotadas. Una sociedad decente no trata a sus mayores como expedientes trasladables.
Una residencia no es un aparcamiento de cuerpos. Es hogar, memoria y dignidad.