Rocío Benítez 
Cortesía
Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no distinguen entre personas con antecedentes penales y jóvenes sin historial alguno. La última prueba es el caso de una jugadora de fútbol universitaria venezolana, detenida por agentes de ICE mientras su equipo y su comunidad universitaria movilizan todos los recursos legales disponibles para conseguir su liberación.
«Ella no es una criminal», declararon sus compañeras. Y tienen razón. Pero bajo la política migratoria de la administración Trump, eso parece importar cada vez menos.
Esta semana, un juez ordenó a ICE liberar a un líder de una mezquita en Wisconsin, al considerar que su detención vulneraba la libertad de expresión. En Los Ángeles, los trabajadores del estadio SoFi lograron un acuerdo para que no haya operaciones de ICE durante los partidos del Mundial 2026. El Congreso republicano, mientras tanto, aprobó 70.000 millones de dólares adicionales para financiar al ICE y la patrulla fronteriza.
El patrón es claro: una maquinaria diseñada para sembrar el miedo, no para hacer justicia. Una política que separa a padres de sus hijos —como el padre venezolano deportado con su hija de cuatro años dos días después de su detención—, que encierra a personas sin cargos y que, ahora, empieza a silenciar también a quienes protestan.
Lo que ocurre en Estados Unidos con la inmigración no es gestión. Es una política del terror. Y tiene nombre.
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