
Foto CAM/ ElEconomista.es. La falta de cobertura suficiente afecta directamente a la salud preventiva de miles de personas en Madrid.
La Comunidad de Madrid, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, deja fuera del chequeo médico anual al 90% de sus empleados públicos. De los más de 100.000 funcionarios y trabajadores de la región, apenas 10.000 pueden acceder a estos reconocimientos médicos, que desde 2014 están privatizados y gestionados por empresas como Quirón Prevención, adjudicataria del último concurso público.
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Este sistema no solo limita el acceso a un derecho básico de los empleados, sino que plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos en favor de las necesidades reales de los trabajadores.
La falta de cobertura suficiente afecta directamente a la salud preventiva de miles de personas. Los reconocimientos médicos anuales son esenciales para detectar a tiempo enfermedades y evitar complicaciones futuras, un derecho que debería garantizarse de manera equitativa para todos los empleados públicos, independientemente de su rango o cargo.
Sin embargo, el modelo actual permite a Quirón Prevención realizar el cribado en caso de que la demanda supere la oferta, lo que genera opacidad en los criterios de selección y deja fuera a la gran mayoría de trabajadores.
Este sistema privatizado, lejos de ser una solución eficiente, pone en evidencia una priorización de beneficios empresariales por encima del bienestar de los empleados públicos. Mientras tanto, se desvía la atención de posibles alternativas, como el fortalecimiento del sistema de salud pública para asumir estos reconocimientos o la ampliación del presupuesto destinado a cubrir estas necesidades.
El Gobierno regional defiende que el modelo garantiza calidad en los servicios, pero la realidad muestra que esta calidad solo llega a un porcentaje reducido de los empleados, dejando a la mayoría en una situación de desprotección.
Es momento de replantear las políticas de prevención sanitaria en la Comunidad de Madrid. ¿No es hora de priorizar la salud de todos los trabajadores públicos sobre los intereses económicos de las empresas contratistas? La transparencia y la justicia social deben ser los pilares de cualquier sistema que aspire a cuidar a sus empleados.
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