Rocío Benítez 
Alberto Núñez Feijóo Fuente EFE/ Javier Lizón
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que si llega a la Moncloa aprobará una ley nacional del «concebido no nacido», inspirada en la norma aprobada por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La medida reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar desde la gestación, sin exigir siquiera una semana mínima acreditada.
Detrás del lenguaje aparentemente técnico se esconde una estrategia que organizaciones feministas llevan años señalando: revestir de ayudas sociales una forma de intervenir en las decisiones reproductivas de las mujeres. En Galicia, donde Feijóo impulsó una norma similar en 2011, apenas 400 nasciturus fueron reconocidos en casi una década, una cifra que evidencia el escaso alcance práctico de la medida.
La propuesta llega además en pleno idilio del PP con la ultraderecha: Feijóo se ha declarado «absolutamente orgulloso» del pacto de Juanma Moreno con Vox en Andalucía, la última pieza de un giro que ya suma varios gobiernos autonómicos compartidos con el partido de Santiago Abascal.
Para el feminismo la lectura es clara: cuando el derecho al aborto empieza a discutirse a través de leyes de reconocimiento del embrión, la puerta que se abre no es la de la protección de la maternidad, sino la de la restricción progresiva de la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Blindar ese derecho sigue siendo una tarea urgente para cualquier democracia que se precie de defender la igualdad.
El fenómeno no es exclusivo de España. En Estados Unidos, varios estados gobernados por la ultraderecha han impulsado leyes similares bajo el concepto de «fetal personhood», otorgando derechos jurídicos al embrión con el objetivo de allanar el camino hacia la criminalización del aborto. Organizaciones de derechos humanos advierten de que este tipo de normativas, aunque se presenten como medidas de protección social, terminan generando un marco legal que dificulta el acceso al aborto y normaliza el control institucional sobre el cuerpo de las mujeres.
Colectivos feministas y sanitarios han pedido cautela ante el avance de estas iniciativas y reclaman que cualquier política de apoyo a la maternidad se desligue por completo de la regulación jurídica del embrión. Para estas organizaciones, la prioridad debería ser reforzar los recursos públicos de apoyo a las familias, en lugar de abrir debates que, en la práctica, erosionan derechos ya conquistados por el movimiento feminista tras décadas de lucha.
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