Vincenzo Gambaretto 
Portugal acaba de dejar una lección para toda Europa: los derechos laborales no se defienden solo en discursos, se defienden parando. El Parlamento portugués rechazó la reforma laboral del Gobierno conservador de Luís Montenegro después de meses de presión sindical y social, incluidas dos huelgas generales en seis meses. La derrota parlamentaria llegó por el voto en contra de Chega, la ultraderecha que había negociado hasta última hora con el Ejecutivo.
La reforma, conocida como Trabajo XXI, pretendía modificar más de 100 artículos del Código Laboral. El Gobierno la vendía como modernización y productividad. Los sindicatos la leían de otra forma: más facilidad para despedir, más subcontratación, más flexibilidad para las empresas y menos protección para quienes trabajan. Reuters informó que el paquete incluía medidas como facilitar despidos, permitir más externalizaciones y limitar ciertos derechos de conciliación.
La primera huelga general, en diciembre de 2025, fue la primera en Portugal desde 2013 y paralizó transporte, sanidad, educación y servicios públicos. Tras esa presión, el Gobierno aceptó modificar el texto para acercar posiciones con los sindicatos.
Pero no bastó. En junio de 2026 llegó otra huelga general. Trenes suspendidos, metro de Lisboa cerrado, vuelos cancelados, escuelas sin clases y hospitales con actividad afectada. Era la segunda en seis meses contra la misma reforma.
La caída final tuvo aritmética parlamentaria, sí. Pero la política nunca ocurre en el vacío. Antes del voto hubo manifestaciones, asambleas, sindicatos, paros y trabajadores diciendo que modernizar no puede significar precarizar.
Portugal recordó algo que el neoliberalismo intenta borrar: cuando quienes limpian, cuidan, enseñan, transportan y producen se detienen, el país escucha.
No fue un regalo del Parlamento. Fue una victoria arrancada desde abajo.
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