
Tomada de Público: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para explicar el decreto que prorroga el escudo social
El Gobierno de España, en colaboración con Junts, ha logrado un nuevo pacto que permitirá aprobar un decreto clave del escudo social, diseñado para blindar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos más vulnerables. Entre las medidas más destacadas, se encuentra la revalorización de las pensiones, que beneficiará a millones de personas en medio de un contexto económico marcado por la inflación y la crisis global.
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Un paso más hacia la justicia social
La aprobación del decreto del escudo social tiene como objetivo mitigar las desigualdades sociales mediante el fortalecimiento de la protección económica de las familias españolas. Este acuerdo incluye el aumento de las pensiones acorde al Índice de Precios al Consumo (IPC), garantizando así el poder adquisitivo de más de 9 millones de jubilados.
Según las cifras oficiales, esta revalorización supondrá un aumento promedio del 6 % en las pensiones contributivas, lo que representa una inversión pública de más de 15.000 millones de euros. Además, el decreto contempla ayudas específicas para colectivos vulnerables, como subsidios al alquiler, refuerzo en las políticas de vivienda y la extensión de medidas contra la pobreza energética.
La importancia de la vivienda y los servicios básicos
Desde el ámbito urbanístico, la sostenibilidad social cobra protagonismo. Las políticas públicas deben priorizar el acceso equitativo a la vivienda y servicios básicos como agua y electricidad, esenciales para garantizar una calidad de vida digna. Este decreto, además de revalorizar las pensiones, se alinea con las demandas de los ciudadanos en cuanto a mejorar las condiciones de habitabilidad y frenar el impacto de las desigualdades en el espacio urbano.
Un modelo sostenible y solidario
Este acuerdo no solo refuerza los derechos económicos, sino que también impulsa un modelo social basado en la equidad. Políticos y activistas coinciden en que este tipo de medidas son fundamentales para consolidar una sociedad más justa y resiliente, capaz de enfrentar los retos sociales y ambientales del futuro.
¿Es este acuerdo un paso definitivo para garantizar la dignidad de los pensionistas y la equidad en el acceso a los recursos?
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