Fausto 
El Solidario. Apagón total en España.
El reciente ultimátum del Gobierno al sector eléctrico revela una realidad que venimos denunciando desde hace años: la falta de transparencia y el poder desmedido de las grandes eléctricas frente a los intereses públicos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que exigir formalmente a Red Eléctrica de España (REE) y a las principales compañías del sector que entreguen, de una vez por todas, los datos del apagón que afectó a miles de personas.
Y no es un detalle menor: la Unión Europea investiga el caso, y la información es clave para esclarecer responsabilidades.
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La misiva gubernamental expresa una “preocupación” creciente por la ralentización deliberada del envío de los datos. ¿Qué esconden? ¿A qué temen? Las eléctricas, que gozan de millonarios beneficios año tras año, no pueden actuar como si estuvieran por encima de la legalidad ni del interés general. Estamos ante una cuestión de democracia energética.
No es la primera vez que las grandes compañías del sector, Endesa, Iberdrola, Naturgy, anteponen sus intereses corporativos a la ciudadanía. Ya lo vimos durante la crisis energética, cuando se lucraron mientras millones sufrían la pobreza energética. Ahora, ante un fallo tan grave como un apagón, el secretismo vuelve a imponerse como norma. Y eso es inaceptable.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó, por qué ocurrió, y qué se hará para que no se repita. El sistema eléctrico no puede seguir funcionando como un cortijo privado, blindado por consejos de administración que operan a espaldas de la población. Si hay algo que este caso pone de manifiesto, es la necesidad urgente de auditar y democratizar el sector eléctrico, para que la energía deje de ser un negocio y se convierta en un derecho garantizado.
La luz no puede depender de la oscuridad con la que operan quienes la controlan.
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