La Xunta de Galicia, bajo la administración de Alfonso Rueda, ha sido señalada por otorgar 272 contratos a dedo por un valor total de 782.666 euros al hermano de la que es considerada una de las personas de mayor confianza del presidente gallego.
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Esta práctica, que ha generado una ola de críticas, se suma a la creciente lista de denuncias de corrupción y favoritismo en las altas esferas del gobierno autonómico.
Los contratos en cuestión, otorgados sin mediar concurso público, han levantado sospechas sobre la transparencia y la ética de la administración de Rueda. El destinatario de estos contratos es el hermano de su mano derecha, lo que ha encendido las alarmas de la oposición y organizaciones anticorrupción.
La falta de competencia y la reiteración de adjudicaciones a la misma persona abren el debate sobre las prácticas de clientelismo en Galicia y el uso indebido de recursos públicos.
¿Tráfico de influencias?
Las críticas no se han hecho esperar. Partidos de izquierda y colectivos progresistas acusan al gobierno de la Xunta de operar bajo un esquema de tráfico de influencias.
En este caso, los vínculos familiares parecen haber jugado un papel determinante en la concesión de estos contratos.
«No puede ser que el dinero público termine beneficiando a unos pocos que tienen conexiones con el poder», denunció un portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), quien también exigió una investigación exhaustiva.
Además, las organizaciones de la sociedad civil han pedido que se esclarezcan los criterios con los que se otorgaron los contratos y que se evalúe si los servicios prestados justifican el monto recibido.
La respuesta del gobierno autonómico
La Xunta, por su parte, ha intentado restar importancia al escándalo. En un comunicado oficial, la administración de Rueda afirmó que «todos los procedimientos se llevaron a cabo respetando la legalidad vigente».
Sin embargo, los críticos señalan que, aunque los contratos puedan haber sido legales, su moralidad es cuestionable.
Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de mayor control y transparencia en las adjudicaciones públicas y sobre el peligro de que las instituciones se conviertan en herramientas de enriquecimiento personal para quienes ostentan el poder.
FUENTES: ElDiario.es : Europa Press
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