La Comisión Europea sostiene que la llamada prioridad nacional, es decir, supeditar el acceso a la vivienda y a las ayudas públicas a años de arraigo o de residencia continuada, vulnera el derecho comunitario. Lo afirma el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en una respuesta parlamentaria al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà.
El fundamento es la Directiva 2003/109/CE, que garantiza a los residentes de larga duración igualdad de trato en seguridad social, asistencia social, protección social y acceso a los procedimientos de vivienda. Según Bruselas, un Estado no puede imponer por su cuenta un requisito de residencia superior a cinco años.
La Comisión añade un matiz jurídico: la directiva de igualdad racial no cubre las diferencias por nacionalidad, pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE prohíbe los criterios aparentemente neutros que perjudican de forma desproporcionada a las personas extranjeras, salvo que estén justificados y sean proporcionados.
Marzà puso como ejemplo el acuerdo de gobierno de Aragón. La Comisión no se pronuncia sobre proyectos en trámite: la ley aragonesa aún no está aprobada y Bruselas dice que seguirá el proceso legislativo en España.
La respuesta importa porque la prioridad nacional se presenta como una fórmula de sentido común para ordenar las listas de espera. Pero ordenar la fila no la acorta: con menos vivienda pública y ayudas que demanda, lo que hace es decidir a quién se le niega, y lo hace según el pasaporte o los años de padrón en lugar de según la necesidad.
Quien ya vive y trabaja de forma legal en un lugar tiene derecho a los mismos servicios que sus vecinos. Acortar la fila para unos no la hace más justa; solo la hace más cruel con otros.
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