El 55,7 % de las personas encuestadas sitúa la vivienda como el principal problema de España, según el barómetro de octubre del CIS, con trabajo de campo entre el 1 y el 6 de octubre. Sube 18,2 puntos y es la primera vez que supera el 55 %; el máximo anterior era el 48,8 %, de mayo de 2026.
La vivienda lleva 21 meses seguidos en cabeza de la lista. Cuando la encabezó por primera vez, en diciembre de 2024, la citaba el 22,3 %; un año después rondaba el 40 %. Hoy más de la mitad del país la señala, muy por delante de la inmigración (20,9 %) y de la crisis económica (20,3 %).
El barómetro también mide cómo se vive el debate. El 82,3 % defiende que la vivienda se priorice como un derecho constitucional. Y el 88,9 % había oído hablar del desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que murió el 7 de octubre; el 75,1 % de ellos lo considera un asunto de mucha o bastante importancia.
Sobre las medidas del Gobierno, los dos decretos de vivienda reciben una valoración positiva del 47,2 % y negativa del 42,3 %. El 52,1 % rechaza las prórrogas automáticas e indefinidas de los alquileres, el 87,9 % apoya el préstamo del ICO sin intereses de 50.000 euros para una primera vivienda y el 75,1 % respalda un impuesto del 10 % a los pisos turísticos.
Es una encuesta de opinión: mide percepción, no precios ni contratos. Pero el dato desmonta una idea que circula en el debate público, la de que la preocupación principal del país sea la inmigración. No lo es: la vivienda la más que duplica.
Cuando ocho de cada diez personas piden que la vivienda sea un derecho constitucional, la pregunta ya no es técnica: es política. ¿Cuánto más tiene que subir el termómetro para que el derecho a un hogar deje de ser una promesa?
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