El Parlamento de Asturias aprobó este miércoles su ley LGTBIQ+ con el voto favorable de los grupos de izquierda, el PP y Foro. Vox, con cuatro diputados, fue el único grupo que se opuso. La norma arrancó en la legislatura anterior, hace unos siete años.
Con su aprobación, Asturias deja de compartir con Castilla y León el hecho de ser las dos únicas comunidades sin una ley propia sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex. Ahora solo queda esta última.
La ley establece un régimen sancionador para las conductas discriminatorias y prohíbe de forma expresa las terapias de conversión en la sanidad pública y concertada. Presta atención al medio rural, con medidas contra el «sexilio», la salida forzada de personas LGTBI de sus pueblos. Obliga a los colegios públicos y concertados a aplicar protocolos contra el acoso LGTBIfóbico y a respetar la identidad y el nombre elegido del alumnado. Además, sustituye el Observatorio contra la LGTBIQ+fobia por un órgano consultivo, el Conseyu de Participación LGTBI, y permite tener en cuenta en las subvenciones los planes de igualdad de los solicitantes.
El apoyo del PP y de Foro llegó con condiciones. Tras incorporar requisitos de consentimiento familiar, los tratamientos de transición en sanidad y educación para menores de 16 años necesitarán permiso de sus padres, y en los colegios solo los mayores de 16 podrán cambiar su nombre sin consentimiento de sus tutores.
Ese es el precio del acuerdo, y conviene mirarlo de frente: el texto protege del acoso y de la violencia, pero limita la autonomía de los más jóvenes, que son precisamente quienes más necesitan que su identidad se respete en el aula.
Los derechos de las minorías no deberían depender de la aritmética parlamentaria ni llegar con letra pequeña. Asturias ha dado un paso; falta comprobar que en los colegios y en los pueblos se cumple.
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