Si apagan incendios, son bomberos: la huelga forestal que la administración dejó bloqueada
Vincenzo Gambaretto 
Los bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid llevan más de mil días en huelga desde 2023. No reclaman un capricho ni una etiqueta estética: reclaman que se les reconozca profesionalmente como lo que son. Apagan incendios, trabajan entre humo, calor, gases tóxicos y riesgo físico, pero denuncian que la administración mantiene bloqueadas sus reivindicaciones.
El Comité de Huelga acusa a la Comunidad de Madrid de maltrato institucional y de negarse a reconocer formalmente en sus contratos la categoría de bombero forestal. Según el propio comité, parte del personal aparece contratado con denominaciones como “técnicos de mantenimiento de edificios” o “conductores asalariados de taxis y furgonetas”, pese a realizar funciones de extinción de incendios.
La diferencia no es solo semántica. Si no se reconoce la categoría real, también se dificulta reconocer enfermedades profesionales, riesgos específicos y complementos ligados a peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo físico. Es decir: se les exige actuar como bomberos cuando arde el monte, pero se les trata como otra cosa cuando toca pagar y proteger.
La Ley básica de bomberos forestales, aprobada en 2024, reconoce precisamente la necesidad de regular esta profesión y tener en cuenta condiciones como la peligrosidad, la toxicidad, el esfuerzo físico y el riesgo psíquico. Pero una ley sin aplicación real se convierte en papel mojado para quien sigue subiéndose al camión sin estabilidad suficiente.
La administración regional ha respondido señalando al Estado y asegurando que es el Gobierno central quien no se sienta a negociar. Pero mientras las administraciones se reparten responsabilidades, los bomberos forestales siguen bloqueados en un conflicto que ya atraviesa veranos, campañas de incendios y más de mil días de desgaste.
El monte no entiende de competencias administrativas. Cuando arde, no pregunta si el trabajador está bien clasificado en el contrato. Pero una sociedad decente sí debería preguntarlo.
Porque no se puede pedir vocación infinita a quienes trabajan con fuego y después negarles nombre, derechos y protección.
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