Cuando una multinacional opera en decenas de países, ¿debería importar el lugar donde vive una persona para determinar cuánta protección laboral recibe?
La pregunta ha llegado a Unilever después de su gran operación con McCormick.
Según Reuters, la compañía acordó garantías de empleo durante dos años para sus trabajadores de Reino Unido y Europa, pero no ha aceptado extender automáticamente esa misma protección al resto de su plantilla mundial.
La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (IUF), que representa a empleados de Unilever en más de veinte países, denuncia un doble rasero. La empresa sostiene que las garantías laborales fuera de Europa deben negociarse regionalmente.
El debate importa especialmente porque los mercados emergentes representan alrededor del 53% de las ventas alimentarias de Unilever. Es decir: buena parte del negocio depende precisamente de regiones cuyos trabajadores no cuentan ahora con esa garantía global.
Esto no significa que esos empleos vayan a desaparecer.
Significa que, ante una transformación empresarial enorme, la seguridad prometida no es la misma para todos.
Las fusiones suelen explicarse hablando de crecimiento, competitividad y accionistas. Pero detrás de una estructura empresarial hay personas que pagan alquileres, sostienen familias y necesitan saber qué ocurrirá con su empleo.
La globalización permitió que una misma compañía vendiera los mismos productos en medio planeta.
El desafío pendiente es conseguir que esa dimensión global alcance también a la protección de quienes hacen posible el negocio.
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