Javier Milei ha pasado la última semana lanzando lo que en Argentina ya se describe como «una catarata de insultos a la prensa». No ha sido solo el presidente. Su ministro de Economía, Luis Caputo, ha ido más lejos y ha pedido públicamente «una ley que castigue a los periodistas», una propuesta que medios y organizaciones de derechos humanos del país han calificado como un salto cualitativo en el avance autoritario del Gobierno.
No es un episodio aislado. Desde que llegó a la Casa Rosada, el Ejecutivo libertario ha convertido el ataque a la prensa crítica en parte de su gramática política habitual: desacreditar, insultar, señalar. Lo que cambia ahora es la naturaleza de la amenaza. Pasar de la descalificación verbal a reclamar abiertamente un instrumento legal para «castigar» a quien informa es trasladar la hostilidad del terreno simbólico al terreno jurídico, con consecuencias muy concretas sobre qué se puede publicar y quién se atreve a hacerlo.
La prensa no es un actor neutral en este relato: es, precisamente, el contrapeso que una democracia necesita para que el poder rinda cuentas. Cuando quien gobierna plantea silenciar a quien fiscaliza su gestión —recortes sociales, ajuste económico, cifras de pobreza que Argentina conoce bien—, no está defendiendo su honor frente a una supuesta persecución mediática. Está intentando blindarse de la crítica.
La fórmula no es nueva ni exclusivamente argentina: allí donde el ajuste económico golpea con más fuerza a las clases populares, señalar a la prensa como enemiga distrae del verdadero origen del malestar social. Pero el hecho de que sea un patrón conocido no lo hace menos peligroso. Una ley pensada para «castigar periodistas» no protege a nadie: solo protege al poder de la incomodidad de ser contado tal como es.
Que un gobierno insulte a la prensa durante una semana entera y termine pidiendo una ley para silenciarla no es una anécdota de mal carácter presidencial. Es el síntoma de un poder que prefiere gobernar sin testigos.
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