Solo en el curso 2024-2025, las escuelas públicas de Estados Unidos prohibieron 6.870 libros en 23 estados y 87 distritos escolares. Desde 2021, la cifra acumulada roza las 23.000 prohibiciones, con más de 2.600 autores, ilustradoras y traductores afectados y 2.452 títulos únicos cuestionados solo en 2024, según la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos (ALA). Florida, Texas y Tennessee concentran buena parte del fenómeno. Entre los títulos retirados de las estanterías: Ojos azules, de Toni Morrison, primera autora negra en ganar el Nobel de Literatura, y Gender Queer, de Maia Kobabe, uno de los libros más vetados del país por abordar la identidad de género.
La escritora Margaret Atwood, que sabe algo de distopías donde los libros desaparecen, lo ha resumido sin matices: «nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros en Estados Unidos». No es una frase gratuita. Los historiadores llevan tiempo señalando el patrón: la quema de libros en la Alemania nazi de 1933, la purga cultural de la Revolución Cultural china o la censura bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador comparten con este momento estadounidense algo más que la coincidencia. Todas empezaron retirando de las aulas los libros que incomodaban, antes de ir a por cualquier otra cosa.
Lo llamativo no es solo la cifra, sino el patrón temático: las obras que abordan racismo, identidad de género u orientación sexual concentran la mayoría de los vetos, mientras se presentan como una medida de «protección infantil» ante juntas escolares locales, muchas veces movilizadas por un puñado de denuncias organizadas más que por un rechazo mayoritario de las familias.
Prohibir un libro nunca ha sido solo prohibir un libro. Es decidir qué infancias pueden verse reflejadas en una estantería y cuáles deben desaparecer de ella. Cuando un país empieza a temer los relatos de sus minorías más que a la desigualdad que los produce, el problema ya no es la biblioteca: es la democracia que decide qué puede leerse en ella.
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