Cantabria pide la expulsión de 18 menores migrantes

El Gobierno de Cantabria, presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP), ha solicitado al Estado que 18 menores migrantes no acompañados sean expatriados, amparándose en que su “interés superior se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”. La petición ha desatado una fuerte polémica política y social debido a que este número es prácticamente el total de menores migrantes que hay actualmente en la comunidad autónoma.

Una de las principales críticas recae sobre los propios documentos que regulan esta expatriación. Fuentes que han tenido acceso a los mismos afirman que, en lugar de redactar un escrito en el que se detalle la situación de cada menor, todos los documentos son un “copia y pega” uno de otro, en el que solamente han tenido la deferencia de cambiar el nombre del menor.

Estas acciones suponen una contradicción con lo defendido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, quién aseguró que los menores “merecen ser tratados con dignidad, no como cifras dentro de un algoritmo pactado entre partidos o como mercancía”.

Críticas de PSOE e IU: “Escandaloso, ilegal y racista”

Desde el PSOE de Cantabria, su secretario general, Pedro Casares, ha exigido la retirada inmediata de la petición y ha acusado al PP de actuar con hipocresía. “La consejera decía que estaba preocupada por los menores y ahora conocemos que estaban tramitando su expulsión. Es escandaloso”.

Por su parte, Israel Ruiz Salmón, coordinador general de Izquierda Unida de Cantabria ha calificado la actuación del Ejecutivo cántabro como “racista e ilegal”.

Sin duda, un día triste para la política de este país. El destino de estos jóvenes no puede depender de intereses partidistas e hipócritas. Estas medidas suponen un ataque directo contra los propios derechos humanos.

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