Paralizada definitivamente por el PP la investigación en la UE sobre las 7.291 muertes en residencias durante tiempos de COVID
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: infolibre.es. El Solidario. Homenaje de Marea de Residencias y Verdad y Justicia a los residentes fallecidos en Madrid en la pandemia.
El Partido Popular ha cerrado definitivamente la posibilidad de que la Unión Europea investigue las numerosas, aproximadamente 7.291, muertes registradas en residencias de mayores en España durante la pandemia de COVID-19.
La decisión, tomada en el Parlamento Europeo, ha generado una oleada de críticas tanto de la oposición como de asociaciones civiles, que consideran que se ha perdido una oportunidad clave para esclarecer lo ocurrido en uno de los episodios más trágicos de la crisis sanitaria. Aún así, van a seguir luchando en memoria de los fallecidos y a recurrir al Defensor del Pueblo.
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La investigación había sido impulsada por diversos grupos parlamentarios y organizaciones que reclamaban una auditoría independiente a nivel europeo para evaluar la gestión de las residencias en España, así como las políticas implementadas para proteger a las personas mayores, el colectivo más vulnerable durante la pandemia.
Sin embargo, el PP, con el respaldo de otras fuerzas conservadoras, argumentó que las competencias para investigar este asunto recaen exclusivamente en los Estados miembros, y que no corresponde a la UE intervenir en la gestión nacional de estos servicios.
La decisión ha sido recibida con indignación por familiares de las víctimas y entidades como Amnistía Internacional, que denuncian la falta de transparencia y la impunidad ante posibles negligencias en la atención a los residentes. Además, un portavoz de una de las plataformas de afectados afirmó que cerrar esta investigación es un desprecio hacia las miles de familias que aún buscan respuestas.
La situación de las residencias y las causas de las muertes masivas sin derivación hospitalaria, ocurridas en tiempos de COVID, ponen en «entredicho» la pésima gestión del gobierno, en esa época.
Desde el ámbito político, el PSOE y Unidas Podemos calificaron la maniobra del PP como un intento de encubrimiento, mientras que Vox, en cambio, respaldó la postura conservadora. A nivel europeo, voces progresistas han advertido del riesgo de que decisiones como esta limiten el alcance de futuras investigaciones transnacionales sobre gestión de crisis.
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