Perder a la pareja tras 25 años de vida en común ya es un golpe devastador. Sin embargo, para muchas personas en España, este dolor puede agravarse al enfrentar el rechazo de la pensión de viudedad por no estar formalmente inscritas en el registro de parejas de hecho o como matrimonio.
Esta situación, que afecta especialmente a parejas que compartieron décadas de amor, esfuerzo y proyectos comunes, pone de relieve las lagunas legales que persisten en el reconocimiento de estas uniones.
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El caso de Marta López (nombre ficticio) es un ejemplo paradigmático. Tras el fallecimiento repentino de su pareja, con quien compartió una vida de más de 30 años juntos, Marta acudió al Instituto Nacional de la Seguridad Social para solicitar la pensión de viudedad, solo para descubrir que, al no estar registrados como pareja de hecho ni haber contraído matrimonio, la ley no la considera merecedora de este derecho.
A pesar de aportar pruebas de su convivencia, como contratos de alquiler conjuntos y testimonios de amigos y familiares, su solicitud fue rechazada. Marta siente como si su relación compartida no hubiese sido válida ante el Estado y, como otras tantas en su misma situación, se siente devastada, ya que tienen una hija menor (7 años) común y se siente desamparada al tener que hacer frente al cuidado de su hija y ofrecerle, en solitario, una seguridad y estabilidad que será una tarea dificultosa sin contar con la ayuda económica de la pensión de viudedad.
Esta problemática ha suscitado críticas por parte de asociaciones civiles y colectivos de derechos humanos, quienes denuncian la falta de flexibilidad de la normativa española. Aunque el registro de parejas de hecho es un requisito legal, muchos ciudadanos desconocen su importancia hasta que es demasiado tarde.
Organizaciones abogan por una reforma que contemple otras formas de demostrar la convivencia y asegure derechos básicos a las parejas que han compartido una vida, sin importar su estatus legal. Asimismo, el Tribunal de Justicia se pronunció ante el Tribunal Constitucional por una posible inconstitucionalidad y plantea que puede existir una vulneración de los derechos de igualdad.
«El amor y el compromiso no deberían depender de un papel», concluye Marta, mientras continúa luchando por lo que considera justo, y lamenta la falta de empatía por parte de las administraciones públicas.
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