La mina de titanio de Engebø, de la empresa Nordic Mining, vierte sus residuos directamente en el fiordo de Førde, cerca de Vevring, en la costa oeste de Noruega. El Gobierno noruego le ha concedido un nuevo permiso temporal de tres años, según una información publicada por elDiario.es.
El Tribunal Supremo de Noruega declaró ilegal este año el permiso original. La empresa, que lleva desde 2006 tramitando su solicitud para operar en Engebø y empezó a verter a finales de 2024, pidió el nuevo permiso cuatro días después de la sentencia, y el Ministerio de Clima y Medio Ambiente se lo concedió.
Los riesgos preocupan a los científicos. El Instituto de Investigación Marina noruego advierte de que las partículas finas con residuos tóxicos pueden acumularse en pequeños organismos marinos y alterar los ecosistemas. El investigador Terje van der Meeren señala que los residuos contienen una neurotoxina que se descompone en disulfuro de carbono y teme por el desove de los peces; los describe como «harina».
El vertido submarino de residuos mineros está prohibido en Australia, Rusia, Brasil, China, la mayor parte de Europa y Norteamérica, según la información. El Gobierno noruego defiende que el proyecto es legal y estratégico: argumenta que el interés público se reforzó cuando la UE incluyó el titanio en su lista de materiales críticos en 2020 y recuerda que Noruega y Ucrania son los únicos países europeos con reservas significativas de rutilo. Los expertos jurídicos consultados lo rechazan: la Directiva Marco del Agua, aplicable a Noruega a través del Espacio Económico Europeo, solo permite contaminar por un interés público superior.
La resistencia es local y larga. Anne-Line Thingnes Førsund, pescadora y vecina de Vevring, lleva 17 años oponiéndose a la mina y denuncia que un Gobierno que no respeta al Supremo cambia el propio sistema.
Økokrim, la agencia noruega de delitos económicos y medioambientales, estudia si investiga los vertidos, y Naturvernforbundet (Amigos de la Tierra Noruega) prepara un nuevo recurso judicial.
La transición ecológica necesita minerales, pero no puede construirse a costa de un fiordo ni de las sentencias de un tribunal. Si hasta un país que presume de referente ambiental recurre a un método prohibido en la mayor parte de Europa, ¿quién decide qué precio ambiental es aceptable?
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