Rocío Benítez 
Fuente Pexels
Hay tres palabras que, combinadas, predicen con una precisión brutal las probabilidades de vivir en pobreza laboral en España: mujer, madre, migrante. Tres condiciones que por separado ya implican desventajas estructurales en el mercado de trabajo. Juntas, forman una intersección de exclusión que el sistema apenas reconoce y casi nunca corrige.
Las mujeres migrantes con hijos a cargo enfrentan una discriminación múltiple: la brecha salarial de género, la penalización económica de la maternidad, las barreras de acceso al empleo formal que sufren quienes llegaron de fuera, y la carga adicional de los cuidados que recae de forma desproporcionada sobre ellas.
El resultado es que muchas de estas mujeres trabajan jornadas largas en empleos precarios —limpieza, cuidado de personas mayores, hostelería— sin contratos estables, sin derechos laborales efectivos y sin red de protección cuando algo falla.
España necesita mirarse en este espejo sin apartar la vista. La pobreza laboral no es mala suerte ni falta de esfuerzo. Es el resultado de un sistema que fue diseñado sin tener en cuenta a estas mujeres, y que sigue funcionando como si ellas no existieran.
Visibilizarlas es el primer paso. El segundo es cambiar las leyes, los convenios y las políticas públicas para que esa triple penalización deje de ser una condena automática.
Porque una sociedad que abandona a sus trabajadoras más vulnerables no es una sociedad justa. Es una sociedad que ha decidido mirar para otro lado.
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